La Asamblea Legislativa del Distrito Federal busca que la Suprema Corte de Justicia reconozca como Gobernador al Jefe de Gobierno y a ella como Legislatura local, para revertir el trámite posterior al desafuero, que podría implicar la suspensión del abordamiento penal del asunto. Tal como lo hizo el año pasado en el conflicto de Cancún, la ministra Olga Sánchez Cordero podría hacer una aportación a la convivencia social si admite la controversia presentada por la ALDF, para estudiar la cual pidió tiempo, a fin de no responder apresuradamente.

Una decisión judicial podría dejar en suspenso las acciones contra Andrés Manuel López Obrador, y permitirle reasumir su cargo durante varios meses.

La Ministra Olga María Sánchez Cordero hubiera debido resolver ayer esa y otras cuestiones derivadas del desafuero, que han sido llevadas ante la Suprema Corte de Justicia.

Pero, con plena responsabilidad, y vista la ardua tarea que significa manifestarse sobre los temas, prefirió no incurrir en apresuramientos y, en cambio, pidió tomar unos días más antes de admitir o desechar la controversia constitucional planteada el viernes pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuya admisión y trámite inicial podría generar aquel efecto.

López Obrador es Gobernador y por lo tanto su desafuero debió seguir las pautas previstas para los Ejecutivos estatales colocados en esa situación.

Así lo considera la Asamblea, que se tiene a sí misma como Legislatura estatal y demanda que la Cámara de Diputados le dé su lugar, previsto en el párrafo quinto del artículo 111 constitucional.

En sentido contrario, la propia Cámara ha estimado que al aprestarse a hacerse parte del procedimiento en ese entendido, la Asamblea irrumpe en el ámbito de las funciones de aquel órgano del Congreso federal. Y también acudió a la Corte en controversia constitucional, el lunes por la noche.

El jueves pasado, a la misma hora en que en San Lázaro se iniciaba la sesión del desafuero, la Asamblea Legislativa aprobó las reglas para el ejercicio de las atribuciones que aquel artículo constitucional implica respecto de las legislaturas locales.

Según su quinto párrafo, en tratándose de Gobernadores, la Cámara de Diputados, tras emitir la declaratoria de desafuero, debe comunicar el caso a la Legislatura local para que ésta obre conforme a sus facultades.

La Asamblea no se había visto como ejercedora posible de esas atribuciones y ante la inminencia de estarlo se hizo del andamiaje legal pertinente.

Ciertamente lo hizo de última hora y con sólo 37 votos de los 39 diputados presentes, una mayoría precaria en un órgano integrado por 66 integrantes, pero lo hizo de manera legal y práctica, al punto de que horas después puso a funcionar esas reglas.

En espera del resultado en San Lázaro, la Asamblea había entrado en receso, y cuando la sesión se reanudó la noche misma del jueves, ya no sólo estaban presentes 39 Legisladores locales, sino 63.

Con base en las atribuciones estrenadas esa mañana, se discutió un acuerdo según el cual, en sentido contrario a lo ocurrido en San Lázaro, no ha lugar a proceder penalmente contra López Obrador.

Para llegar a esa conclusión, aprobada por 38 votos a favor y 25 en contra, la Asamblea tuvo "en cuenta la naturaleza misma de la acusación y su gravedad", y consideró "los intereses públicos fundamentales de la sociedad; la necesidad del funcionamiento adecuado de la administración pública; la necesidad de continuar con el desarrollo normal de los planes y programas de Gobierno; la de asegurar el pleno respeto de los derechos y las libertades públicas, así como la protección de los intereses generales de los habitantes, ciudadanos y vecinos del Distrito Federal". Por ello, concluyó la mayoría en la Asamblea, el Jefe de Gobierno "debe continuar en el ejercicio de su cargo con la inmunidad procesal que le corresponde".También con mayoría de 39 votos, la ALDF acordó acudir en vía de controversia constitucional a denunciar la que se ha suscitado entre la Federación y el DF por la naturaleza de los acuerdos de la Cámara y su aplicación en lo que toca a la Procuraduría General de la República.

La demanda plantea que se declare la invalidez e ineficacia jurídica no de la declaración de desafuero sino de su secuela, la separación del cargo y la consignación penal. Por lo tanto, se pide la suspensión de esos actos, para que se mantenga la situación presente hasta que el fondo de la controversia se resuelva. De dictarse tal suspensión López Obrador reasumiría sus funciones y no se podría solicitar orden de aprehensión en su contra.Para que tenga curso la demanda de la Asamblea se requiere que la Suprema Corte convenga en que el Jefe de Gobierno es un Gobernador.

Si así fuera admitido, la secuela del desafuero caería en el "ámbito de competencia constitucional de la legislatura local del Distrito Federal, conforme a la gravedad de la falta que se impute al Jefe de gobierno; conforme a la situación política y social del momento; tomando en cuenta las razones y motivaciones extralegales que, en su caso, hubiesen sido determinantes de la acusación y atendiendo, en fin, a los intereses fundamentales de los diversos grupos sociales y del pueblo en general".

En apoyo de su petición, la Asamblea invoca un precedente producido por la propia Corte, que en 2003 determinó que "el jefe de gobierno del Distrito Federal guarda similitudes fundamentales con los gobernadores de los Estados, porque se encuentra a cargo del ejecutivo local y de la administración pública de la entidad, fue elegido democráticamente mediante votación universal, libre, directa y secreta...".La Magistrada Sánchez Cordero puede desechar la demanda de la Asamblea por notoriamente improcedente, y contra esa decisión cabe un recurso que acaso corriera en la misma dirección.

Puede también admitir la demanda pero no acordar la suspensión. O puede, como hizo el año pasado en el caso de Cancún, evitar que triunfe la arbitrariedad disfrazada de derecho. Es para la Corte republicana una oportunidad dorada.

Cajón de Sastre

Quizá aprovechando el clima de colaboración entre las bancadas del PRI y el PAN, manifiesto en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, se espera hacer que se apruebe en este mismo periodo de sesiones la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se conoce con el nombre del Secretario Carlos Abascal.

Por lo pronto, fuera de la comisión legislativa correspondiente, con la presencia determinante del líder del Congreso del Trabajo y los ferrocarrileros, el diputado Víctor Flores, ayer se trabajaba en la redacción de un dictamen que sólo se llevará a firma, para someterlo a discusión cuanto antes en el pleno. Parecería que en San Lázaro se ha dado rienda suelta a la vocación de incendiarios que padecen algunos dirigentes políticos.

Por Miguel Ángel Granados Chapa.

Diario Mural, de Guadalajara, 13 abril 2005